Solución de conflictos con instituciones del Estado
Contamos con una importante experiencia para representar a los particulares con el fin de que puedan resolver aquellas situaciones problemáticas en las que el Estado exige, con razón o no, el cumplimiento de un deber o, por el contrario, cuando es el particular (persona o empresa) el que demanda la protección de un derecho desconocido, amenazado o vulnerado por el Estado.
La relación entre el Estado y los ciudadanos es cada vez más intensa y frecuente por razón de la prestación de servicios públicos (financieros, educativos, de transporte, de salud, de seguridad, de justicia); la obtención de permisos o licencias para ejercer actividades empresariales (fábricas de alimentos y aseo, construcción, explotación minera, transporte de hidrocarburos); el cobro de impuestos nacionales y municipales; imposición de sanciones o multas administrativas por violación de normas urbanísticas, ambientales, de tránsito, tributarias, cambiarias, aduaneras; causación de daños por obras públicas, accidentes de tránsito, privación injusta de la libertad, no reconocimiento de derechos laborales; entre muchas otras situaciones que los vinculan.