Protección de derechos fundamentales y colectivos
Desde la Constitución Nacional de 1991, derechos como el buen nombre, la igualdad, el debido proceso, la libertad de empresa, el uso del espectro electromagnético o el acceso a la administración de justicia, fueron consagrados expresamente como garantías fundamentales no solo de los individuos sino también de las personas jurídicas.
El derecho constitucional es muy importante por cuanto desde la lectura, interpretación y aplicación que se ha hecho de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha dado lugar a un fenómeno jurídico, político y social denominado como la “constitucionalización del derecho”, que consiste en que todo el ordenamiento jurídico y el funcionamiento del Estado debe entenderse y aplicarse teniendo como base la norma constitucional en la que encuentra su fundamento y validez normativa. La asesoría que presta nuestro estudio jurídico parte siempre desde esa perspectiva, con lo cual, se les evita a nuestros clientes posibles conflictos o problemas derivados de esta nueva comprensión del derecho en Colombia.
Específicamente contamos con la experticia para promover acciones de tutela encaminadas a proteger los derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la vivienda digna, la seguridad social, entre otras garantías y libertades constitucionales, que sean amenazados o vulnerados por particulares o autoridades públicas.
Igualmente nuestra experiencia abarca el impulso de acciones populares y de grupo encaminadas a proteger los derechos colectivos tales como el goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, libre competencia económica, seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, construcciones que den prevalencia a la calidad de vida de sus habitantes, entre otros, y resarcir los daños causados a los ciudadanos a quienes se les han desconocido tales derechos. También estamos en la capacidad de demandar la inconstitucionalidad de leyes, decretos con fuerza de ley y otro tipo de normas ante la Corte Constitucional o el Consejo de Estado según corresponda, que afecten indebidamente la libertad de empresa, la competencia, el derecho a la propiedad privada y otros derechos esenciales para la subsistencia de la actividad empresarial.