Propiedad intelectual

El esfuerzo intelectual de producir bienes y servicios que día a día satisfacen las necesidades del mercado representado, por ejemplo, en la fabricación de máquinas para mejorar los procesos industriales, equipos médicos que mejoran la condición de personas discapacitadas, aplicaciones de software para teléfonos celulares que facilitan el comercio, requieren de protección jurídica que le garanticen a su autor o creador la posibilidad de explotar económicamente su invención en forma exclusiva. 

Con ese propósito, nuestra firma de abogados lleva a cabo los distintos trámites relacionados con el registro y la protección de las siguientes categorías:

Signos Distintivos: En esta categoría se encuentran las marcas comerciales para identificar bienes y servicios en el mercado; los nombres y enseñas comerciales que distinguen al empresario y a sus establecimientos de comercio o también a una región, cuando se trata de denominaciones de origen.

Nuevas creaciones: En esta categoría se encuentran las patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, que son creaciones que tiene como objeto mejorar el proceso productivo para hacerlo más eficiente y competitivo.

Derechos de autor: En esta categoría se encuentran las obras artísticas, científicas y literarias, dentro de las cuales el desarrollo de software es el que más se destaca por su potencial para generar innovación y nuevas tecnologías. El software, por ejemplo, requiere como medida de protección el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la implementación de contratos de licencia de uso para su comercialización.

Transferencia de tecnología: Los derechos de propiedad industrial son objeto de negociación a título de traspaso o licencia, ámbito en el que se requiere la asesoría jurídica en la etapa precontractual como contractual, para proteger los derechos de las partes vinculadas.

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales que SINERGIUS CONSULTORES PROFESIONALES S.A.S., recolecte, almacene, use, circule, conserve, transfiera, transmita, ceda o suprima, serán utilizados para enviar información jurídica de actualidad, explicar el alcance de los servicios legales que presta, intercambiar información con los clientes sobre los casos que lleva o representa la firma, compartir información comercial propia o de nuestros aliados y, en general, cumplir con las actividades relacionadas con el objeto social. El titular gozará de los siguientes derechos: 1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; 2) El titular podrá solicitar prueba de la autorización otorgada a SINERGIUS, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; 3) El titular podrá ser informado por SINERGIUS como responsable y encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que ha dado a los datos personales del titular; 4) El titular podrá revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012; y 5) Los demás derechos consagrados en la ley. Para realizar peticiones, consultas o reclamos con el fin de ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos o revocar la autorización otorgada, el titular o sus causahabientes pueden utilizar cualquiera de los canales de comunicación que se encuentran en la parte inferior de esta página web. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, y si no fuere posible responder en dicho término, se le informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que aquél se atenderá sin que supere, en ningún caso, los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.